Ley del Derecho al Voto

La Ley del Derecho al Voto es una de las leyes más importantes que han sido aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. Desde que fue promulgada en 1965, esta legislación histórica ha sido renovada en cuatro ocasiones, la más reciente en el 2006 por otros 25 años. Apoyé la renovación de la Ley del Derecho al Voto porque es parte de mis convicciones. Aprobamos la renovación por una mayoría bipartidista de 98 a 0 en el Senado, y 390 a 33 en la Cámara de Representantes antes de ser firmada por el Presidente George W. Bush.

El 25 de junio del 2013, la Suprema Corte nulificó una sección crucial de la Ley del Derecho al voto con una decisión de 5 a 4 en el caso Condado de Shelby v. Holder, eliminando efectivamente un mecanismo esencial que prohibía la discriminación racial en el proceso electoral. Esta decisión de la Corte fue un ejemplo decepcionante y extremo de activismo judicial. Pienso que el caso fue decidido erróneamente y amenaza injustamente el derecho al voto de millones de estadounidenses de todo el país. Esta decisión amenaza especialmente la participación de los ciudadanos afroamericanos e hispano-americanos, quienes históricamente y desproporcionadamente, han sido víctimas de la discriminación en las urnas.

El ejemplo más reciente lo vimos en las elecciones pasadas, las cuales demostraron que la intolerancia todavía existe en nuestro país. En el 2012, varios estados hicieron todo lo posible para suprimir el voto en comunidades donde residen las minorías. Esto no es aceptable, y es un recordatorio de porque necesitamos leyes como la Ley del Derecho al Voto. Deberíamos hacer todo lo posible para fomentar la participación en este proceso democrático y asegurarnos que todos los electores puedan ejercer su derecho constitucional.

El proteger este derecho fundamental de cada estadounidense debería de ser un asunto en el que los demócratas y republicanos encuentren común acuerdo. Estaré trabajando junto a mis colegas de ambas bancadas para asegurar que el Congreso corrija esta decisión errónea y que no demos un paso atrás en el progreso del proceso democrático estadounidense.

 Igualdad en el Matrimonio

El 26 de junio del 2013, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró que la Tercera Sección de la Ley en Defensa del Matrimonio (DOMA por sus siglas en inglés) era inconstitucional. Esta sección prohibía que el gobierno federal reconociera los matrimonios del mismo sexo aunque fueran legales en un estado del país. La decisión de la Corte otorga a las parejas del mismo sexo, y a sus familias, la igualdad que se merecen, y garantiza que sus matrimonios ya no serán vistos de una manera diferente. Gracias a esta decisión, cientos de miles de parejas gay y lesbianas tienen la certeza de saber que la decisión de casarse o no, es solamente entre ellas – y no del gobierno federal.

Me uní a una opinión legal conocida como breve amicus presentada por 40 Senadores demócratas pidiéndole a la Suprema Corte que anulara DOMA y la calificara como una violación de la garantía constitucional de protección de igualdad bajo la ley. La idea que el permitir que dos personas que se aman se casen tendrá un impacto negativo en la nación, siempre me ha parecido absurda. Me alegra que la Suprema Corte reconoció que el gobierno federal no tiene por qué elegir que parejas estadounidenses pueden recibir reconocimiento legal y las protecciones que se merecen.

 La Ley De Anti-discriminación Laboral (ENDA)

Soy un co-patrocinador del Proyecto de Ley de Anti-discriminación Laboral (ENDA por sus siglas en inglés), la cual prohibiría la discriminación basada en la orientación o identidad sexual de un individuo. Las decisiones de empleo deberían ser basadas en factores relevantes tales como el desempeño, habilidad, y la conducta en el lugar de trabajo. La raza, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, e identidad sexual no deberían de ser factores en la contratación, promoción, o despido de ningún individuo. Estoy orgulloso que Nevada haya promulgado legislación para asegurar que individuos no sean despedidos solo por su orientación o identidad sexual. Espero poder debatir ENDA en el pleno del Senado pronto, para prohibir la discriminación laboral en todo el país.

 Haciendo Que El Trabajo Pague

Las mujeres merecen igualdad de pago. Desafortunadamente, la mujer promedio recibe una paga de 77 a 81 centavos por cada dólar que recibe un hombre que realiza el mismo trabajo. Aun considerando la diferencia en su educación y el tiempo que llevan en la fuerza laboral, la mujer no recibe la misma paga que los hombres por hacer el mismo trabajo. Por eso me enorgulleció ser líder en la aprobación de la Ley de Salario Justo de Lilly Ledbetter en el Senado. Esta histórica ley restauró la paga retroactiva e impone protecciones civiles para los trabajadores que enfrentaron discriminación basada en sexo, edad, raza, nacionalidad, religión, o discapacidad. Esta legislación ayudará a asegurar que los hombres y las mujeres reciban una paga justa y que tengan la oportunidad de protegerse bajo la ley.

También fui el copatrocinador original de la Ley de Pago Justo, la cual revisó y fortaleció la Ley de Pago Equitativo de 1963 para combatir las discrepancias de salarios en la fuerza laboral. Intente poner la Ley de Pago Justo a votación en el pleno del Senado, pero mis colegas de la otra bancada usaron el filibusterismo para prevenir que el Senado considerara esta importante propuesta. Y aunque la mayoría de los Senadores votaron a favor de esta medida, no contó con los 60 votos necesarios para superar la obstrucción. A pesar de este retraso, continuaré luchando por la igualdad de la mujer. Continuaré protegiendo a las mujeres de clase media para que puedan mantener a sus familias durante momentos económicos difíciles, y por las mujeres jóvenes quienes están en la universidad con la esperanza de obtener un buen trabajo cuando se gradúen. No se le debería pagar menos a una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre.

En el 110mo Congreso, ayudé a aumentar el salario mínimo federal por primera vez en 10 años, otorgándoles un aumento de salario a millones de mujeres en el 2007. Esta legislación aumentó el salario mínimo de $5,15 dólares por hora a $7,25 por hora en dos años, lo que benefició directamente o indirectamente a 13 millones de estadounidenses. Los Nevadenses saben muy bien que los costos de vivienda, de la comida, y la gasolina ha aumentado desde que el salario mínimo fue aumentado. Este asunto es particularmente importante para las mujeres, ya que forman 2/3 de la fuerza laboral a la que se le paga menos que el salario mínimo federal.

Crímenes de Odio

He brindado mi apoyo constante a legislaciones que combaten los crímenes de odio. En el 2009, llevé su aprobación en el Senado la Ley de Prevención de Crímenes Matthew Shepard y James Byrd, Jr. Cuando fue ofrecida como una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2010. Trabajé arduamente para asegurar los votos necesarios para superar el obstruccionismo planeado por sus opositores. También trabajé junto con los líderes de la Cámara de Representantes para asegurarnos que esta medida en contra de los crímenes de odio permaneciera en la Ley de Autorización de Defensa Nacional mientras que los miembros del Senado y la Cámara llegaban a un acuerdo en el Comité de Conciliación. Esta ley expande los grupos protegidos bajo la ley de crímenes de odio (que ya incluía raza, color, religión, y nacionalidad) para incluir género, discapacidad, orientación sexual, e identidad sexual. También permite que el Departamento de Justicia asista a jurisdicciones estatales y locales en la investigación y enjuiciamiento de crímenes violentos, y sus esfuerzos de traer a la justicia a las personas que cometan crímenes violentos basados en la intolerancia y el prejuicio. La ley no solo protege a personas de la comunidad LGBT sino a todas las minorías, ya que el gobierno federal ahora puede defender a una víctima en estados donde estas protecciones no existan o donde los recursos no existan.

Finalmente, esta legislación expandió la ley para permitir la acción judicial en contra de un crimen violento aunque el crimen no haya sido cometido cuando la víctima llevaba a cabo una actividad protegida por el gobierno federal.